Luego de hacer un repaso de los Decretos-Leyes promulgados desde el inicio de la administración Díaz-Canel (abril del 2018), podemos concluir que la cúpula gobernante está llevando adelante una estrategia “dual” con la cual busca asegurarse el consenso y despejar así las dudas que se abrían en Cuba luego del retiro de la “generación histórica".

Por un lado ha fortalecido el control sobre la sociedad civil e internet para impedir la irrupción de discursos alternativos que pongan en jaque el status quo.

En este sentido algunos ejemplos salientes son la sanción del Decreto 349/18 del Consejo de Ministros “Contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos", el Decreto-Ley 389/19 “Modificativo del Código Penal, de la ley contra actos de terrorismo y de la ley de procedimiento penal" y el Decreto-Ley 35/2021 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico”; un conjunto de normas a las que la oposición acusa de cercenar los derechos humanos básicos de la población, principalmente en lo que hace a la libertad de expresión y de creación artística.

Estas iniciativas generaron un fuerte rechazo en la sociedad civil, no sólo en la oposición más organizada sino también entre una juventud que no está dispuesta a perder las libertades alcanzadas y actuaron como disparador para las inéditas protestas ciudadanas que sacudieron Cuba el 11 de julio del 2021. 

Mientras por un lado blande el “garrote” para acallar a la posible disidencia interna, la administración Díaz-Canel paralelamente emprendió una ambiciosa reforma económica  al ser consciente que, al carecer de una legitimidad de origen como por ejemplo posee la “generación histórica”, el futuro de su gobierno en buena parte va a depender de su capacidad de encontrar respuestas a las necesidades materiales de la población.

En este contexto es que ha impulsado un conjunto de normativas de carácter liberalizante en el plano económico que se encuadran dentro de lo que oficialmente se conoce como el proceso de “actualización” del modelo económico cubano (Torres 2017). Algunas de las iniciativas más importantes al respecto han sido la promulgación del Decreto-Ley 17/2020 “De la implementación del proceso de ordenamiento monetario”, el Decreto-Ley 46/2021 “Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” y el 47/2021 “De las Cooperativas no Agropecuarias”; estos dos últimos actores, según el discurso gubernamental, están llamados a desempeñar un rol protagónico en esta “nueva etapa” de la economía cubana (para un mayor análisis de las normas anteriormente mencionadas acceder al siguiente documento). 

Además de estas medidas también se han aprobado una serie cambios que persiguen el objetivo de aumentar la inversión extranjera en el país, como por ejemplo el Decreto-Ley 14/2020 “De la prenda y la hipoteca” y el 15/2020 “Del Fideicomiso de Garantía”. Estas iniciativas en rasgos generales fueron bien recibidas por los sectores inversionistas. Los
cuales, no obstante, criticaron que la decisión de utilizar estas herramientas financieras dependa en última instancia del gobierno y no del propio mercado, lo que según su punto de vista hubiera permitido reactivar una economía que desde hace años arrastra una profunda crisis producto de una serie de shocks externos que han perjudicado la balanza comercial cubana: la crisis venezolana, el aumento de las sanciones durante la gestión de Donald Trump (2017-2021) en Estados Unidos y la actual pandemia del COVID-19.

Si bien es cierto que, como señalan los especialistas en la materia, el programa de reformas impulsado durante los últimos cuatro años pareciera repetir los mismos errores del gobierno de Raúl Castro (2006-2018), ya que se sigue actuando bajo la misma lógica “parcial” y
“fragmentaria” que en el pasado impidió que “las políticas adoptadas alcancen todo su potencial al carecer del efecto complementario que hubiese provenido de otras reformas no ejecutadas” (Alonso, Vidal, 2020: 19), Díaz-Canel, sin embargo, pareciera más decidido a acelerar las reformas en el plano económico en comparación con su antecesor si nos atenemos al menos a lo ocurrido durante los últimos meses.

Las reformas económicas en Cuba históricamente han sido llevadas adelante por “goteo” o bien de forma reactiva ante los acontecimientos externos, esto ha llevado a que los cambios ocurran de una forma muy lenta. Un ejemplo en este sentido es la reforma monetaria, la cual finalmente fue puesta en funcionamiento recién a comienzos del 2021 a
pesar de que desde hace décadas tanto el gobierno como los distintos actores productivos de la isla concordaban en la necesidad de adoptar una medida de estas características que, según la opinión de la directora del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Betsy Anaya Cruz (2020), busca generar una mayor transparencia de las cuentas nacionales y una mejor medición de los resultados económicos (Anaya Cruz, www.nuso.org, consultado en diciembre del 2021).

Pero tras las manifestaciones populares del 11 de julio, el gobierno es consciente que con el “inmovilismo” ya no basta para preservar el status quo. Por  eso es que en el mes de agosto decidió lanzar un paquete de reformas con las cuales buscó dar un giro a la política económica. La más relevante sin dudas fue la promulgación del Decreto 46/2021 “Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, el cual, a primera vista, pareciera abrir paso para la instalación extensiva de empresas privadas en Cuba.

Pero como bien saben los cubanos el “Diablo” muchas veces está en los detalles. Por eso si analizamos el Decreto-Ley con mayor profundidad rápidamente quedan en evidencia una serie de claroscuros que atentarían contra el potencial transformador que en un inicio parecía tener la normativa.

Según la opinión del economista Pedro Monreal, si bien el texto demuestra cierta “flexibilidad” al permitir que las personas naturales puedan ser socios de las MYPYMES, el mismo “no parece favorecer la función de los inversionistas, hay indeterminación respecto a la posible asociación de PYMES privadas y capital extranjero, y ofrece un tratamiento asimétrico a actores privados y estatales (www.diariodecuba.com, consultado en enero del 2022). A esto tenemos que agregar, añadió el académico, que al establecer a la sociedad de responsabilidad limitada (SRL) como único tipo societario de las MYPYMES, se imposibilita la adopción de la forma de sociedad anónima (SA) que pudiera ser más flexible para incentivar a posibles inversionistas.

Luego de analizar el posible efecto que tendría en la política económica de Cuba el nuevo entramado empresarial que pudiera emerger del proceso de implementación del Decreto 46/2021, Monreal concluye que el principal problema que enfrenta Díaz-Canel con las  MYPYMES es que favorece la creación de un incipiente tejido empresarial relativamente  “achatado” en cuanto al número sociedades mercantiles, con la excepción de cuatro actividades económicas, y relativamente más disperso en cuanto al número de empresas estatales; lo que según su punto de vista resulta incompatible con el esquema de planificación centralizada aún vigente en Cuba. “El notable incremento del número de empresas del país, por muy pequeñas que estas sean, hace inmanejable para el aparato central del gobierno la coordinación económica mediante instrumentos administrativos. El nuevo tejido tendería a reforzar la función del mercado, especialmente de los precios de mercado, en el funcionamiento de la economía nacional”(Monreal, www.elestadocomotal.com, consultado en enero 2022), sostiene Monreal.

De esta forma el presidente cubano pareciera encontrarse en una encrucijada, por un lado si avanza con el paquete de reformas que el mismo impulsó para apaciguar el creciente desencanto ciudadano puede poner en peligro el monopolio del Estado sobre los medios fundamentales de producción (una opción que ha sido rechazada una infinidad de veces por el gobierno), pero, por otra parte, si decide dar marcha atrás con los cambios económicos y las MYPYMES se terminan convirtiendo en un nuevo ejemplo de gatopardismo puede ahondar el descontento popular y generar nuevas protestas ciudadanas. 

Más allá de que el control del aparato represivo le permite silenciar a los discursos críticos y desactivar todo tipo de movimiento político que ponga en riesgo el status quo (las fallidas protestas del 15 de Noviembre son una muestra en este sentido), el giro punitivista emprendido por la administración Díaz-Canel tiene un alto costo político y ha contribuido a dañar la imagen internacional de Cuba en un momento en que la Isla necesita estrechar los vínculos comerciales con terceros países para relanzar su alicaída economía.

Por eso sería un error si el gobierno retoma las posiciones “inmovilistas” y abandona el programa de reformas, pero para evitar que esto ocurra es imprescindible que la comunidad internacional respalde al nuevo programa económico y ofrezca esquemas de financiación a las incipientes MYPYMES cubanas. Un escenario del que por ahora estamos muy lejos
de alcanzar, no sólo habida cuenta de la creciente rispidez que existe entre La Habana y Washington-Bruselas sino también producto de las propias indefiniciones del gobierno cubano que atentan contra el potencial de las MYPYMES e impiden, asegura el abogado Aldo Álvarez, que estas puedan acceder a la inversión extranjera directa (IED). Un déficit que debería ser subsanado por el gobierno lo antes posible, ya que si realmente aspira a “integrar de manera total y completa a los actores económicos no estatales en la economía cubana, hay que entender que la promoción de la IED es un elemento vital en ese ecosistema” (Álvarez,www.horizontecubano.law.columbia.edu, consultado en enero del 2022).